1.1. La Universidad ¿Qué pasa ahí?

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO- establece que la educación superior comprende "todo tipo de estudios, de formación o de formación para la investigación en el nivel postsecundario, impartidos por una universidad u otros establecimientos de enseñanza que estén acreditados por las autoridades competentes del Estado como centros de enseñanza superior" (1998).
           
La educación superior en un Estado se imparte en la Universidad, del latín universitas, pero, ¿Qué es una Universidad? La respuesta será diferente atendiendo a factores que devienen de la época (diferente Siglo), del sistema de gobierno o sistema político (monarquía, república, absolutismo, democracia) y de las finalidades de cada nación entre otros. En el caso de Guatemala podemos definir la Universidad de forma básica como todo ente público o privado reconocido por el Estado que tiene por objeto principal proporcionar educación superior para formar profesionales de las ciencias y técnicas además de realizar otras funciones como investigación y servicios sociales entre otros.

 

Más que definir el concepto Universidad hay que tomar en cuenta que representa la Universidad en una sociedad; indica Miguel Zabalza que la Universidad “se convierte en un recurso más del desarrollo social y económico de los países y pasa a estar sometido a las mismas leyes políticas y económicas que el resto de los recursos… Sea cual sea nuestra opinión, lo cierto es que la Universidad forma parte consustancial de las dinámicas sociales y está sometida a los mismos vaivenes e incertidumbres políticos, económicos o culturales que afectan a cualquiera de las otras realidades e instituciones sociales con las que se convive (o en las que se integra como un subsistema más): la sanidad, la función pública, el resto del sistema educativo, el mundo productivo, las instituciones culturales, etc.” (2004). 

En la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior realizada en París, Francia el 9 de octubre de 1998, se proclamó la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción; en ella se estableció las Misiones y Funciones de la Educación Superior, entre las que se encuentra:


Artículo 1. La misión de educar, formar y realizar investigaciones

Reafirmamos la necesidad de preservar, reforzar y fomentar aún más las misiones y valores fundamentales de la educación superior, en particular la misión de contribuir al desarrollo sostenible y el mejoramiento del conjunto de la sociedad, a saber:

 

a) formar diplomados altamente cualificados y ciudadanos responsables, capaces de atender a las necesidades de todos los aspectos de la actividad humana, ofreciéndoles cualificaciones que estén a la altura de los tiempos modernos, comprendida la capacitación profesional, en las que se combinen los conocimientos teóricos y prácticos de alto nivel mediante cursos y programas que estén constantemente adaptados a las necesidades presentes y futuras de la sociedad;


b) constituir un espacio abierto para la formación superior que propicie el aprendizaje permanente, brindando una óptima gama de opciones y la posibilidad de entrar y salir fácilmente del sistema, así como oportunidades de realización individual y movilidad social con el fin de formar ciudadanos que participen activamente en la sociedad y estén abiertos al mundo, y para promover el fortalecimiento de las capacidades endógenas y la consolidación en un marco de justicia de los derechos humanos, el desarrollo sostenible la democracia y la paz;


c) promover, generar y difundir conocimientos por medio de la investigación y, como parte de los servicios que ha de prestar a la comunidad, proporcionar las competencias técnicas adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y económico de las sociedades, fomentando y desarrollando la investigación científica y tecnológica a la par que la investigación en el campo de las ciencias sociales, las humanidades y las artes creativas;


d) contribuir a comprender, interpretar, preservar, reforzar, fomentar y difundir las culturas nacionales y regionales, internacionales e históricas, en un contexto de pluralismo y diversidad cultural;

 

e) contribuir a proteger y consolidar los valores de la sociedad, velando por inculcar en los jóvenes los valores en que reposa la ciudadanía democrática y proporcionando perspectivas críticas y objetivas a fin de propiciar el debate sobre las opciones estratégicas y el fortalecimiento de enfoques humanistas;

 

f) contribuir al desarrollo y la mejora de la educación en todos los niveles, en particular mediante la capacitación del personal docente.

 

Pero ¿Por qué egresar de la Universidad abogados y abogadas y notarios y notarias con una alta preparación académica y formativa?

Son muchas las respuestas pero atendiendo a los principios que emanan de la Constitución Política de la República de Guatemala –CPRG- de forma general la respuesta es: Se necesitan profesionales que cumplan las finalidades establecidas en el Estado de Derecho, en el sistema de gobierno republicano basado en la democracia y por supuesto que fortalezcan el sistema de justicia, valor este último esencial en toda sociedad moderna. Nuestra Constitución establece la organización jurídica y política del Estado guatemalteco y en la misma exige la profesión de abogado para entre otros en los siguientes cargos: Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados de las Salas de las Cortes de Apelaciones, Jueces de Primera Instancia y actualmente Jueces de Paz, Fiscal General de la República, Procurador General de la Nación, Procurador de los Derechos Humanos y Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (ley constitucional de la materia). Además el principio constitucional del Derecho de Defensa es asesorado, auxiliado y procurado por abogados en ejercicio. El notariado es ejercitado por el Notario Estatal o Escribano de Gobierno y por todos los notarios habilitados para el efecto. Cabe agregar que para defender un Estado de Derecho y Democrático es necesario contar con especialistas en las distintas ramas del Derecho, en el ámbito privado, consultores en materia legal y en la propia administración pública, lo cual es parte del grado académico a obtener (Licenciado), además ello es la base para los futuros investigadores en las ciencias jurídicas y sociales y en especial para cumplir con la prestación de los servicios sociales (extensión).